Políticas públicas de seguridad, restauración del debido proceso, entre 2009 y 2018: Between 2009 and 2018

Resumen

Sobre la política pública de seguridad nacional en México, además de la secrecía en torno a este tema, y la falta de una definición legal de Seguridad Nacional hasta 2004; el problema que se mostraba de manera recurrente era el referente a la violación de los derechos humanos por parte del gobierno mexicano a los gobernados, poniendo en muchos casos como pretexto la Seguridad Nacional. Seguridad Nacional, que era aplicada para solucionar problemas que en algún momento fueron de Seguridad Pública, como lo son, el narcotráfico, las guerrillas, el tráfico de armas y la delincuencia organizada, qué, dadas sus características y tamaño; y la falta de capacidad de las fuerzas policiacas para hacer frente a estos antagonismos fue necesaria la intervención de las fuerzas armadas (ejército, fuerza aérea y armada de México), como órganos e instituciones que son la última barrera para cuidar la integridad del Estado. La lucha contra la violencia y la falta de libertad; además la protección de los Derechos Humanos; deben ser tareas permanentes en todo el mundo, por tal motivo, no se puede dar por sentada la libertad. Por ello las políticas públicas de Seguridad Nacional y Seguridad Publica deben de tener una relación armoniosa con Derechos Humanos como el Debido Proceso. Debe existir una relación armoniosa entre las políticas Públicas de Seguridad y el debido proceso, dado que uno de los objetivos del Estado es la de mantener el bienestar público y parte de ello es proteger y garantizar con políticas públicas el respeto a los Derechos humanos, por tanto, garantizar derecho a la seguridad se ve complementado con el derecho al debido proceso, para evitar actos arbitrarios al buscar mantener la seguridad, ya sea pública o nacional. El preservar la libertad y la seguridad nacional, son al mismo tiempo tareas del Estado, que son realizadas tanto por los gobiernos como por la sociedad en general. Para tener una idea de lo anterior el presente artículo se expone el caso de los 4 civiles de Rosarito, desarrollado en 2009, para reflejar el caso de México y en Baja California en donde hay experiencias en este campo, en el cual se desarrolla muchas veces un choque entre las políticas públicas de Seguridad Nacional y las de los Derechos Humanos, como el del debido proceso.

Public Policies on Security, Restoration of the Due Process, Between 2009 And 2018

Abstract: On the Public Policy of National Security in Mexico, in addition to the secrecy around this issue, and the lack of a legal definition of National Security until 2004; The problem that was shown recurrently was the one referring to the violation of human rights by the Mexican government to the governed, using National Security as a pretext in many cases. National Security, which was applied to solve problems that at some point were Public Security, such as drug trafficking, guerrillas, arms trafficking and organized crime, what, given its characteristics and size; and the lack of capacity of the police forces to deal with these antagonisms, it was necessary the intervention of the armed forces (army, air force and navy of Mexico), as bodies and institutions that are the last barrier to protect the integrity of the State. The fight against violence and lack of freedom; also the protection of Human Rights; they must be permanent tasks throughout the world, for this reason, freedom cannot be taken for granted. For this reason, the Public Policies of National Security and Public Security must have a harmonious relationship with Human Rights such as Due Process. 

There must be a harmonious relationship between Public Security policies and due process, given that one of the objectives of the State is to maintain public well-being and part of this is to protect and guarantee respect for Human Rights with public policies, for example. Therefore, guaranteeing the right to security is complemented by the right to due process, to avoid arbitrary acts when seeking to maintain security, whether public or national. Preserving freedom and national security are at the same time tasks of the State, which are carried out both by governments and by society in general. To get an idea of the above, this article presents the case of the 4 civilians from Rosarito, developed in 2009, to reflect the case of Mexico and Baja California where there are experiences in this field, in which it is developed many times a clash between the public policies of National Security and those of Human Rights, such as due process.