Políticas públicas de seguridad, restauración del debido proceso, entre 2009 y 2018: Between 2009 and 2018

Resumen

Sobre la política pública de seguridad nacional en México, además de la secrecía en torno a este tema, y la falta de una definición legal de Seguridad Nacional hasta 2004; el problema que se mostraba de manera recurrente era el referente a la violación de los derechos humanos por parte del gobierno mexicano a los gobernados, poniendo en muchos casos como pretexto la Seguridad Nacional. Seguridad Nacional, que era aplicada para solucionar problemas que en algún momento fueron de Seguridad Pública, como lo son, el narcotráfico, las guerrillas, el tráfico de armas y la delincuencia organizada, qué, dadas sus características y tamaño; y la falta de capacidad de las fuerzas policiacas para hacer frente a estos antagonismos fue necesaria la intervención de las fuerzas armadas (ejército, fuerza aérea y armada de México), como órganos e instituciones que son la última barrera para cuidar la integridad del Estado.

La lucha contra la violencia y la falta de libertad; además la protección de los Derechos Humanos; deben ser tareas permanentes en todo el mundo, por tal motivo, no se puede dar por sentada la libertad. Por ello las políticas públicas de Seguridad Nacional y Seguridad Publica deben de tener una relación armoniosa con Derechos Humanos como el Debido Proceso. Debe existir una relación armoniosa entre las políticas Públicas de Seguridad y el debido proceso, dado que uno de los objetivos del Estado es la de mantener el bienestar público y parte de ello es proteger y garantizar con políticas públicas el respeto a los Derechos humanos, por tanto, garantizar derecho a la seguridad se ve complementado con el derecho al debido proceso, para evitar actos arbitrarios al buscar mantener la seguridad, ya sea pública o nacional. El preservar la libertad y la seguridad nacional, son al mismo tiempo tareas del Estado, que son realizadas tanto por los gobiernos como por la sociedad en general. Para tener una idea de lo anterior el presente artículo se expone el caso de los 4 civiles de Rosarito, desarrollado en 2009, para reflejar el caso de México y en Baja California en donde hay experiencias en este campo, en el cual se desarrolla muchas veces un choque entre las políticas públicas de Seguridad Nacional y las de los Derechos Humanos, como el del debido proceso.